A lo largo de la historia siempre han existido padres que maltratan de una forma determinada a sus propios hijos, pero desde hace unos pocos años no se ha reconocido la extensión del problema. Por ello, identificar y localizar por los organismos competentes la cristalización de los hechos maltratantes ha sido difícil. El aislamiento y la inaccesibilidad de algunas familias las convierten en verdaderos castillos que ocultan información, siendo escasa la trascendencia social de sus hechos punitivos o negligentes. Debido a esto, una serie de instituciones ha desarrollado unos mecanismos y resortes capaces de localizar un número cada vez mayor de niños que sufren estos atropellos parentales. Aún así no son detectados todos los casos de malos tratos, concretamente Warner y Hansen (1994) señalaron, al revisar una serie de estudios médicos, que solamente dos tercios de los casos detectados fueron controlados y descubiertos, permaneciendo en el anonimato el tercio restante. En nuestro país los casos con mayor probabilidad de ser detectados son los del maltrato físico, aumentando cada vez más los de abuso sexual (López, Hernández y Carpintero, 1995). Las causas que impide una detección precoz probablemente sean las siguientes: a) inadecuada sensibilización y conciencia social hacia los hechos maltratantes, b) ausencia de eficaces indicadores que señalen con exactitud la taxonomía del maltrato, c) actitud pasiva y contemplativa de la sociedad a no entremeterse en los hechos privados de la familia, d) despertar y promover en la sociedad un claro sentido de solidaridad humana, subrayando que el niño aunque viva en una familia es un sujeto amparado por la Constitución y en definitiva propiedad del Estado, e) y finalmente incapacidad de la propia víctima por no saber a quién solicitar ayuda y por desconocer si lo que le está ocurriendo es un acto normativo. La intervención familiar consta de unas fases coordinadas entre sí que facilitan el proceso: fase de localización, fase de evaluación y fase diagnóstica.
1.1. Fase de localización y detección
Por las manifestaciones arrojadas por los profesionales que estudian estos temas, se ha podido observar que localizar en una providencia determinada un caso de malos tratos no es tarea fácil. Solamente los casos más escandalosos y evidentes son detectados con suma facilidad; en cambio, aquellos otros más encubiertos, como por ejemplo el abuso sexual, resultan sumamente difíciles para que trasciendan a la sociedad. Al estar la infancia en íntimo contacto con la población adulta, existen mayores posibilidades para que esta localización se lo más rápidamente posible. Por eso, todos los niveles de influencia, incluso los ajenos a los puramente profesionales de la protección infantil, como colegio, vecindario, grupo de iguales, etc., tienen que asumir la responsabilidad de denunciar anónimamente a la autoridad competente (policía, Servicios Sociales del Ayuntamiento o Diputación, teléfono del niño, etc.) la sospecha de un maltrato concreto. Cuando se detecta un caso de malos tratos, los padres: a) no suelen acudir por iniciativa propia a solicitar ayuda o tratamiento; b) rechazan y no desean ser investigados, manifestando oposición a dar información puntual y expresando afirmaciones deliberadas erróneas e imprecisas; c) presentan gran resistencia, agresividad y oposición a los profesionales; d) temen que el hecho trascienda socialmente y temen también el etiquetado o estigmatización de padre maltratante o negligente y las consecuencias judiciales y e) consideran a los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios (SSCs) personas intrusivas.
1.2 Fase de evaluación
Una vez que la denuncia haya sido canalizada por el organismo competente, se desarrollarán tres actuaciones necesarias y urgentes como primera medida: la confirmación de la veracidad del maltrato, la evaluación del estado de la víctima y la evaluación diagnóstica integral.
1.2.1 Verificación del maltrato
Demostrado por un procedimiento simple y fehaciente que el maltrato existe, se valorará a continuación el estado general de la víctima y se intervendrá urgentemente si la salud del niño corre un serio peligro. Con frecuencia se ha podido constatar en niños y niñas la ocultación de los hechos por el miedo a las represalias parentales, porque no tienen edad de expresarlos verbalmente o porque se encuentran desorientados, amenazados y confundidos, desconfiando plenamente del adulto. No obstante, las lesiones recientes y las ya cicatrizadas pondrán en evidencia los ataques o negligencias llevadas a cabo por los padres o tutores.
1.2.2 La evaluación del estado de la víctima
Para conseguir un diagnóstico lo más exacto, rápido y objetivo posible aconsejamos consultar las tablas que aparecen en ADIMA (1993) porque son esclarecedoras y fácilmente aplicables. Conviene precisar que la sola presencia de uno o dos indicadores o factores específicos (como por ejemplo, el paro y el alcoholismo), existentes en cada una de la tipologías, no demuestra necesariamente la presencia de un maltrato. Sin embargo, su interacción, combinación y persistencia en la presentación ha de ser un timbre de alarma para el profesional. Como estas tablas han sido fruto de una observación directa, acumulativa y contrastada, conviene resaltar que no son escalas completas, sino meramente orientativas, ya que la propia experiencia dictará al profesional cuáles serán los indicadores endémicos más relevantes y cuáles hay que incluir en su listado particular. Por otro lado, el estudio de los malos tratos no es exclusivo de unos determinados profesionales, es más bien un tema donde convergen intervenciones multiprofesionales procedentes de la medicina, enseñanza, justicia y personal de los servicios sociales; por lo que debido a esto existen también perspectivas específicas que evalúan al niño, a la familia y a la sociedad, especialmente.
1.2.3 La evaluación diagnóstica
Esta tercera fase tiene como objetivo principal obtener el mayor número de datos procedentes de cada uno de los elementos familiares y de su interacción, para configurar un expediente que pueda ser ampliado en el trascurso del tiempo. La configuración del expediente debería obtenerse en el menor tiempo posible para poder entrar posteriormente en una toma de decisiones que vaya encaminada en primer lugar a salvaguardar la salud y el bienestar del niño y niña. Sin embargo, por los inconvenientes implícitos de los padres maltratantes, de los distintos agentes que arrojan información (vecinos, familiares allegados, profesores, grupos de iguales, etc.) y de la puesta en común de la información multiprofesional, fácilmente se consumen 30 ó 50 días para recolectar todos estos datos. Una vez detectadas aquellas variables desencadenantes del maltrato, se ha de diseñar un plan de actuación para reforzar y potenciar aquellos factores positivos familiares que ayudan eficazmente en la rehabilitación. El expediente debe diferenciar cuatro tipos de informaciones (Arruabarrena, 1996): el hecho maltratante, la composición y relación familiar, las características de los padres y de los hijos y el contexto social, cultural y económico.
1º. Se tiene que especificar y aclarar el hecho maltratante que ha sufrido el niño o niña, para ello hay que lograr información sobre el tipo de maltrato o maltratos experimentados, su severidad y frecuencia, temporalización el incidente (tiempo transcurrido entre la detección e intervención), número de progenitores o tutores maltratantes y edad de la víctima cuando sufrió por primera vez el maltrato.
2º. Los datos que han de estudiarse en la composición y relación familiar pueden ser los siguientes: a) construcción de un genograma, es decir, estudiar e investigar el árbol genealógico familiar, remontándose a dos o tres generaciones, para conseguir todo tipo de información sobre los padres, abuelos, bisabuelos referente a los matrimonios, separaciones, presencia de actos delictivos, tipología de trabajos, lugares de residencia, presencia de psicopatologías significativas, etc.; b) estudiar de forma detallada la dinámica parental, prestando especial atención a la calidad de sus relaciones (satisfacción en la pareja, implicación familiar, agresividad más o menos generalizada, estrategias empleadas para resolver sus conflictos, afrontamiento al estrés, etc.); c) saber la relación existente entre padres e hijos (satisfacción mutua, tipos de expectativas apropiadas o inapropiadas, amor o rechazo mutuo reversible, presencia de conflictos y estrategias para resolverlos, idéntica o desigual relación con los hijos, alianzas de protección entre hermanos, etc.) d) y conocer las posibles relaciones existentes con la familia extensa.
3º. Se debe recoger información de las características propias de los padres e hijos que constituyen el núcleo familiar sin excluir aquellos otros que por diversas circunstancias no han recibido maltrato alguno. Los datos que han de recolectarse en los padres e hijos son prácticamente los mismos: a) historia de la crianza a lo largo de su ciclo vital, cobrando especial interés las distintas figuras y tipos de apego, agresión padecida, descomposición familiar, comportamiento y relaciones con los padres, rendimiento escolar, conducta ilegal durante la infancia y adolescencia, control por parte de los padres, relaciones con los hermanos, sucesos de vida más relevantes y por último, experiencia histórica infantil y familiar con los servicios sociales (causas, conflictos y calidades de la relación con la institución, etc.), principalmente; b) recogida de datos sobre la salud física, nivel cognitivo y estado emocional parental que pudieran mermar sus capacidades en el cuidado de sus hijos, como la presencia de enfermedades infecciosas, agudas o crónicas, nivel de inteligencia, presencia de patologías más o menos graves, afrontamiento al estrés, impulsividad y autoconcepto, básicamente. Por otro lado, se estudia también la salud física, nivel cognitivo y estado emocional de la prole, prestando asimismo especial atención a una serie de indicadores que pudieran potenciar la aparición de negligencias o maltratos, como enfermedades y su evolución, presencia de déficits psicomotores, vacunaciones reglamentarias recibidas, higiene, control de esfínteres, inteligencia, rendimiento escolar, trastornos en el aprendizaje, habilidades sociales, conducta antisocial (robo y fuga de casa), hiperactividad, tipo de autoconcepto, locus de control y sintomatología psicopatológica, como conductas autolesionantes y depresivas, esencialmente.
4º. El contexto social, cultural y económico familiar abarca los siguientes datos: a) aislamiento social y tipo de relaciones de los padres con la familia extensa (abuelos, tíos, etc.) y con los vecinos de la casa o del barrio; así como también la calidad de estas relaciones sociales de los hijos con el grupo de iguales (habilidad par conseguir amigos, rechazo de los compañeros, etc.); b) zona urbana/rural del barrio, tipología de vivienda (habitaciones, existencia de aseos, cocina y espacios para el esparcimiento, ratio del número de personas/metros cuadrados, etc.); c) estudios realizados por los padres y su opinión sobre la conveniencia de escolarizar a los hijos; d) tipología del trabajo (legal o ilegal, trabajo ambulante, personas que trabajan, horario, dedicación al cuidado y control de los hijos, etc.) y e) nivel económico familiar (ingresos, tipo de empleo, deudas y paro, fundamentalmente).
1.1. Fase de localización y detección
Por las manifestaciones arrojadas por los profesionales que estudian estos temas, se ha podido observar que localizar en una providencia determinada un caso de malos tratos no es tarea fácil. Solamente los casos más escandalosos y evidentes son detectados con suma facilidad; en cambio, aquellos otros más encubiertos, como por ejemplo el abuso sexual, resultan sumamente difíciles para que trasciendan a la sociedad. Al estar la infancia en íntimo contacto con la población adulta, existen mayores posibilidades para que esta localización se lo más rápidamente posible. Por eso, todos los niveles de influencia, incluso los ajenos a los puramente profesionales de la protección infantil, como colegio, vecindario, grupo de iguales, etc., tienen que asumir la responsabilidad de denunciar anónimamente a la autoridad competente (policía, Servicios Sociales del Ayuntamiento o Diputación, teléfono del niño, etc.) la sospecha de un maltrato concreto. Cuando se detecta un caso de malos tratos, los padres: a) no suelen acudir por iniciativa propia a solicitar ayuda o tratamiento; b) rechazan y no desean ser investigados, manifestando oposición a dar información puntual y expresando afirmaciones deliberadas erróneas e imprecisas; c) presentan gran resistencia, agresividad y oposición a los profesionales; d) temen que el hecho trascienda socialmente y temen también el etiquetado o estigmatización de padre maltratante o negligente y las consecuencias judiciales y e) consideran a los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios (SSCs) personas intrusivas.
1.2 Fase de evaluación
Una vez que la denuncia haya sido canalizada por el organismo competente, se desarrollarán tres actuaciones necesarias y urgentes como primera medida: la confirmación de la veracidad del maltrato, la evaluación del estado de la víctima y la evaluación diagnóstica integral.
1.2.1 Verificación del maltrato
Demostrado por un procedimiento simple y fehaciente que el maltrato existe, se valorará a continuación el estado general de la víctima y se intervendrá urgentemente si la salud del niño corre un serio peligro. Con frecuencia se ha podido constatar en niños y niñas la ocultación de los hechos por el miedo a las represalias parentales, porque no tienen edad de expresarlos verbalmente o porque se encuentran desorientados, amenazados y confundidos, desconfiando plenamente del adulto. No obstante, las lesiones recientes y las ya cicatrizadas pondrán en evidencia los ataques o negligencias llevadas a cabo por los padres o tutores.
1.2.2 La evaluación del estado de la víctima
Para conseguir un diagnóstico lo más exacto, rápido y objetivo posible aconsejamos consultar las tablas que aparecen en ADIMA (1993) porque son esclarecedoras y fácilmente aplicables. Conviene precisar que la sola presencia de uno o dos indicadores o factores específicos (como por ejemplo, el paro y el alcoholismo), existentes en cada una de la tipologías, no demuestra necesariamente la presencia de un maltrato. Sin embargo, su interacción, combinación y persistencia en la presentación ha de ser un timbre de alarma para el profesional. Como estas tablas han sido fruto de una observación directa, acumulativa y contrastada, conviene resaltar que no son escalas completas, sino meramente orientativas, ya que la propia experiencia dictará al profesional cuáles serán los indicadores endémicos más relevantes y cuáles hay que incluir en su listado particular. Por otro lado, el estudio de los malos tratos no es exclusivo de unos determinados profesionales, es más bien un tema donde convergen intervenciones multiprofesionales procedentes de la medicina, enseñanza, justicia y personal de los servicios sociales; por lo que debido a esto existen también perspectivas específicas que evalúan al niño, a la familia y a la sociedad, especialmente.
1.2.3 La evaluación diagnóstica
Esta tercera fase tiene como objetivo principal obtener el mayor número de datos procedentes de cada uno de los elementos familiares y de su interacción, para configurar un expediente que pueda ser ampliado en el trascurso del tiempo. La configuración del expediente debería obtenerse en el menor tiempo posible para poder entrar posteriormente en una toma de decisiones que vaya encaminada en primer lugar a salvaguardar la salud y el bienestar del niño y niña. Sin embargo, por los inconvenientes implícitos de los padres maltratantes, de los distintos agentes que arrojan información (vecinos, familiares allegados, profesores, grupos de iguales, etc.) y de la puesta en común de la información multiprofesional, fácilmente se consumen 30 ó 50 días para recolectar todos estos datos. Una vez detectadas aquellas variables desencadenantes del maltrato, se ha de diseñar un plan de actuación para reforzar y potenciar aquellos factores positivos familiares que ayudan eficazmente en la rehabilitación. El expediente debe diferenciar cuatro tipos de informaciones (Arruabarrena, 1996): el hecho maltratante, la composición y relación familiar, las características de los padres y de los hijos y el contexto social, cultural y económico.
1º. Se tiene que especificar y aclarar el hecho maltratante que ha sufrido el niño o niña, para ello hay que lograr información sobre el tipo de maltrato o maltratos experimentados, su severidad y frecuencia, temporalización el incidente (tiempo transcurrido entre la detección e intervención), número de progenitores o tutores maltratantes y edad de la víctima cuando sufrió por primera vez el maltrato.
2º. Los datos que han de estudiarse en la composición y relación familiar pueden ser los siguientes: a) construcción de un genograma, es decir, estudiar e investigar el árbol genealógico familiar, remontándose a dos o tres generaciones, para conseguir todo tipo de información sobre los padres, abuelos, bisabuelos referente a los matrimonios, separaciones, presencia de actos delictivos, tipología de trabajos, lugares de residencia, presencia de psicopatologías significativas, etc.; b) estudiar de forma detallada la dinámica parental, prestando especial atención a la calidad de sus relaciones (satisfacción en la pareja, implicación familiar, agresividad más o menos generalizada, estrategias empleadas para resolver sus conflictos, afrontamiento al estrés, etc.); c) saber la relación existente entre padres e hijos (satisfacción mutua, tipos de expectativas apropiadas o inapropiadas, amor o rechazo mutuo reversible, presencia de conflictos y estrategias para resolverlos, idéntica o desigual relación con los hijos, alianzas de protección entre hermanos, etc.) d) y conocer las posibles relaciones existentes con la familia extensa.
3º. Se debe recoger información de las características propias de los padres e hijos que constituyen el núcleo familiar sin excluir aquellos otros que por diversas circunstancias no han recibido maltrato alguno. Los datos que han de recolectarse en los padres e hijos son prácticamente los mismos: a) historia de la crianza a lo largo de su ciclo vital, cobrando especial interés las distintas figuras y tipos de apego, agresión padecida, descomposición familiar, comportamiento y relaciones con los padres, rendimiento escolar, conducta ilegal durante la infancia y adolescencia, control por parte de los padres, relaciones con los hermanos, sucesos de vida más relevantes y por último, experiencia histórica infantil y familiar con los servicios sociales (causas, conflictos y calidades de la relación con la institución, etc.), principalmente; b) recogida de datos sobre la salud física, nivel cognitivo y estado emocional parental que pudieran mermar sus capacidades en el cuidado de sus hijos, como la presencia de enfermedades infecciosas, agudas o crónicas, nivel de inteligencia, presencia de patologías más o menos graves, afrontamiento al estrés, impulsividad y autoconcepto, básicamente. Por otro lado, se estudia también la salud física, nivel cognitivo y estado emocional de la prole, prestando asimismo especial atención a una serie de indicadores que pudieran potenciar la aparición de negligencias o maltratos, como enfermedades y su evolución, presencia de déficits psicomotores, vacunaciones reglamentarias recibidas, higiene, control de esfínteres, inteligencia, rendimiento escolar, trastornos en el aprendizaje, habilidades sociales, conducta antisocial (robo y fuga de casa), hiperactividad, tipo de autoconcepto, locus de control y sintomatología psicopatológica, como conductas autolesionantes y depresivas, esencialmente.
4º. El contexto social, cultural y económico familiar abarca los siguientes datos: a) aislamiento social y tipo de relaciones de los padres con la familia extensa (abuelos, tíos, etc.) y con los vecinos de la casa o del barrio; así como también la calidad de estas relaciones sociales de los hijos con el grupo de iguales (habilidad par conseguir amigos, rechazo de los compañeros, etc.); b) zona urbana/rural del barrio, tipología de vivienda (habitaciones, existencia de aseos, cocina y espacios para el esparcimiento, ratio del número de personas/metros cuadrados, etc.); c) estudios realizados por los padres y su opinión sobre la conveniencia de escolarizar a los hijos; d) tipología del trabajo (legal o ilegal, trabajo ambulante, personas que trabajan, horario, dedicación al cuidado y control de los hijos, etc.) y e) nivel económico familiar (ingresos, tipo de empleo, deudas y paro, fundamentalmente).
